Tres casos de desafuero: De Villaburu hasta Ferreiro

Con el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro como presidente municipal de Culiacán, son tres casos que han sucedido en la época moderna de la política sinaloense. Pero, sin duda, la de Estrada causó mayor expectación y controversia en el ambiente político de la entidad, por la forma y fondo como se engendró.

Los tres casos que relataremos enseguida, ocurrieron durante los gobiernos de Francisco Labastida Ochoa, Juan Millán Lizárraga y ahora con Rubén Rocha Moya. Cada uno en circunstancias diferentes.

En 1991, Felipe González Villaburu había ganado la presidencia municipal de El Fuerte, por las siglas del PRI. Terminaba el periodo gubernamental de Francisco Labastida Ochoa; se habían recibido denuncias de desvío de recursos municipales, por lo que se inició el Juicio de Procedencia en contra de Vilaburu.

Felipe no concluyó ni un año en la alcaldía cuando se inició el proceso de desafuero. Durante su gestión emprendió una cacería contra funcionarios del anterior alcalde,  Manuel Sauceda. Además, lo acusaron de desvío de recursos etiquetados para el gasto corriente. Esa fue la versión oficial.

Sin embargo, los políticos de entonces, comentaron que todo se debió a una rivalidad de grupos políticos y que el responsable de la intriga fue Fernando Díaz de la Vega, quien había sido presidente del PRI, cuando Villaburu fue también dirigente priista en El Fuerte.

“Más vale morir de pie

Que hincado”

En 2002, Jorge Rodríguez Pasos inició su gestión como presidente municipal de Mazatlán. Ostentaba el cargo de diputado federal con licencia por el distrito 08 del puerto del Pacífico. Era la primera vez que el Partido del Trabajo (PT) ganaba esa alcaldía.

Sin embargo, Rodríguez Pasos duró sólo seis meses en la alcaldía, porque al primer mes de su administración municipal fue acusado por su esposa Consuelo Olivas Tirado por violencia intrafamiliar.

El 20 de enero de ese 2002, la señora Consuelo fue internada en el Hospital Militar de Mazatlán por lesiones que le provocó su esposo Jorge. Se presentó una denuncia en abril y se integró la averiguación previa CLN/ESVI/189/2002 en la Agencia Especializada de delitos sexuales y Violencia intrafamiliar por el delito de lesiones dolosas y agravadas.

Rodríguez Pasos argumentaba que el gobernador Juan Millán Lizárraga no lo quería en la presidencia de Mazatlán y le pedía la renuncia cuando la señora Consuelo presentó la denuncia.

El alcalde mazatleco advirtió que no renunciaría y que no le tenía miedo a Millán, porque como candidato del PT había obtenido 54 mil votos, le dijo al gobernador: “Más vale morir de pie que hincado, porque solamente el cobarde muere dos veces y yo no soy ningún cobarde”

Rodríguez Pasos fue desaforado y el Congreso del estado nombró a Gerardo Rosete como alcalde sustituto, respetando al PT que había ganado la elección municipal. Pero, Rosete duró sólo diez meses en el cargo, porque renunció para incorporarse a la diputación local, había sido acusado de mal uso de recursos públicos. Entonces el Congreso designó a Ricardo Ramírez, del PRI, para concluir el mandato municipal. Por cierto, Quirino Ordaz Coppel fue nombrado tesorero con Ramírez.

Se salvó Sergio Torres

En 2016 vecinos de las colonias Chapultepec, Gabriel Leyva, Fovissste y Tierra Blanca, presentaron dos solicitudes de juicio político contra el alcalde Sergio Torres Félix, por haber implementado el par vial en la ciudad y haber violado diversas leyes de desarrollo urbano y de tránsito, afectando la vida de las personas y los comercios de ese sector.

El asunto fue discutido dos años después, cuando Torres Félix, todavía era miembro del PRI y aspiraba a ser senador y luego gobernador. La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, dictaminó que no procedía el juicio político, porque el tema del par Vial no fue de ocurrencia. Se desechó la solicitud con los votos de los priistas, Fernanda Rivero Romo, Elsy López Montoya, Karina Millán Bueno, el pasista José Rodolfo Lizárraga y el voto en contra del panista Juan Pablo Yamuni Robles

Estrada Ferreiro

Se desaforó solo

El caso de Jesús Estrada Ferreiro tuvo matices diferentes, porque él mismo se fue acreditando los males por su carácter irascible. No supo controlar su temperamento, le faltó sensibilidad política para informar a la sociedad culiacanense de su plan de trabajo. Actuó más como abogado litigante en un juicio oral, que como presidente municipal.

Después de tres intentos por alcanzar un cargo de elección popular, (desde 2013 perdió elecciones a diputado local, a diputado federal y a gobernador), por fin en 2018, Estrada alcanzó la presidencia municipal de Culiacán con el vendaval de la candidatura de López Obrador; obtuvo 170 mil 600 votos que representaron el 43.94 por ciento; una de las votaciones más altas que ha logrado un alcalde capitalino.

Tal meritorio fue el triunfo de Estrada que dejó atrás a la coalición del PRI. PVEM-Panal que obtuvo 136 mil 152 sufragios. Y en tercer lugar la supero alianza del PAN-PRD-MC-PAS que penas logró 63 mil 870 votos-

Durante el periodo del 1 de noviembre  de 2018 al 5 de marzo de 2021 Estrada realizó una labor municipal discordante. Para los ciudadanos comunes fue aceptable porque se dieron servicios municipales aceptables en recolección de basura, alumbrado público y puso en orden en las avenidas principales y en instituciones públicas que habían sido invadidas por puestos de vendedores ambulantes. Pero para ciertos empresarios, comerciantes y militantes del PRI y PAN, el alcalde fue un arbitrario, injusto y despótico.

No obstante, Jesús solicitó licencia para buscar la reelección, la que obtuvo en 2021, con otra victoria contundente ahora sobre su adversario Faustino Hernández Álvarez. El morenista obtuvo 150 mil 170 votos contra 132 mil de Faustino que compitió por la alianza PRI-PAN-PRD.

Fueron 20 mil sufragios menos que en 2018, admitió Estrada Ferreiro,  pero finalmente ganó la reelección porque los electores de Culiacán así lo decidieron. De tal manera que el alcalde se ufanó y empezó a cambiar su actitud ante la ciudadanía. Pensó que al ser un experto en Derecho Constitucional, podría gobernar a su manera, sin conciliar intereses políticos con el gobierno estatal que había ganado Rubén Rocha Moya.

Primero, rechazó aplicar los descuentos ya establecidos en las tarifas de agua potable y alcantarillado para los pensionados y adultos mayores; luego negó deducciones en el cobro catastral, argumentando, con razón o sin ella, que muchos habitantes de media clase hacia arriba, podían pagar el cien por ciento, además de que muchos ni siquiera pagaban y debían varios años de impuesto predial.

La bola de nieve creció cuando Estrada negó pago de pensiones a las viudas de policías municipales. Se enfrentó verbalmente con ellas al grado de llegar a la misoginia, hasta que  desbordó la situación en solicitud de juicio político y demandas por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y discriminación.

Finalmente, el Congreso del Estado lo desaforó y Jesús Estrada viajó a Estados Unidos para no enfrentar personalmente su caso. Y ahora, quizá, se convierta en prófugo de la justicia, cuando pudo ser uno de los mejores alcaldes de Culiacán.