En sus primeros cien días de administración, Rubén Rocha Moya ha impuesto un nuevo estilo de gobernar que lo ubica entre los cinco mejores calificados del país. Sin embargo, hay situaciones enmarañadas que de no esclarecerlas podrían repercutir en su aprobación que actualmente es del 66.5 por ciento.
Se trata de las deudas, expoliaciones, engaños y confusiones que le dejaron sus anteriores jefes, Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, así como Mario López Valdés. Casos concretos como la renta de la Unidad de Servicios Estatales (USE), las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) de los trabajadores del Estado, los recursos para jubilados y la situación de los estadios de futbol de Dorados de Sinaloa y de Mazatlán.
Hay otros asuntos igual de embrollados que no han trascendido, pero conforme avance la administración le aumentaron la neuralgia al Maestro y Doctor de Batequitas, Badiraguato.
Hasta ahora mantiene una buena anuencia, según encuestas de empresas nacionales. En el primer mes de su gobierno, noviembre, Rocha tuvo una aprobación de 61.8 por ciento y una desaprobación del 20 por ciento. (Encuestas de Polls MX y Demoscopia Digital). Al siguiente mes, diciembre, registró un 63.7 de aprobación, y en enero ascendió al 66.5 por ciento de aprobación.
Por su parte, de los 14 secretarios del gobierno rochista, la mayoría registra una aprobación superior al 55 por ciento. En cambio, los secretarios de Seguridad Pública, y la de Transparencia y Rendición de Cuentas, registran una desaprobación del 50.9 y 48 por ciento, respectivamente.
Estos últimos indicativos desaprobatorios reflejan, precisamente, lo que advertimos al principio de este comentario, que el gobernador tendrá que tomar decisiones precisas y contundentes respecto a los desbarajustes financieros que recibió Rocha, hayan sido de Quirino Ordaz, de Mario López Valdés, de Jesús Aguilar o del mismo Juan Millán. Caso contrario podría perder adeptos.
Las buenas intenciones de gobernar con informaciones semaneras, frente a los medios de comunicación y las revelaciones de actividades privadas, como sus días de asueto en periodo navideño, sus días de descanso en Altata, el que no sea afecto a la cerveza ni a las fiestas, o su tolerancia a los reporteros en las conferencias de prensa, no son suficientes si no son complementadas con decisiones categóricas para desarrollar la Cuarta Transformación en Sinaloa.
Ciertamente, como dijo ayer, que no tienen por qué referirle que fue parte de los gobiernos de Aguilar Padilla y Quirino Ordaz, insinuando que tenga responsabilidad en el desastre financiero que le dejaron (Porque él se dedicaba, prácticamente a redactar discursos o dar seguimiento a temas políticos, sin tomar decisiones). También es cierto, que ahora que es gobernador tiene la responsabilidad de enmendar, en lo posible, las expoliaciones encontradas.
Ayer, por ejemplo, cuando se habló de la corrupción en el penal de Aguaruto, que el gobernador admite que es un problema añejo, un reportero le dijo: “hay un secretario de Seguridad Pública que tiene 6 años ¿no se hizo una valoración de eso y no se lo informaron desde hace tres meses cuando usted asumió el gobierno, como para mantenerlo al frente en la seguridad?
Rocha respondió: “Mire, Rogelio, en efecto es una de las herencias que me dejaron. Lo que ocurre es que el secretario actúa, tuvo un jefe, lo tuvo y hoy lo tiene (otro). Entonces, yo doy instrucciones para revisar los penales. Si no se hacía antes, es otro tema. Pero yo llego cuando se propició un hecho, la muerte de una persona dentro del penal. Eso nos llevó a dar instrucciones para que se revisara la situación en el penal”
Ofreció que se revisará la situación y que se actuará en consecuencia: remover a la directora y a los custodios, si es necesario, así como tomar otras medidas.
Consciente o inconsciente, Rocha Moya revela que el o los gobernadores anteriores no instruían al secretario de Seguridad Pública a revisar las condiciones dentro del reclusorio y se dejaba transitar la corrupción.
Pues, es lo mismo que sucede con los casos de la USE, de los estadios, del ISSSTESIN y de otros conflictos heredados. Si los anteriores gobernadores no daban instrucciones, o se hacían los occisos, este gobierno tiene que resolver y actuar en consecuencia, proceder a la denuncia, si es necesario, y no patear el balón al Congreso del Estado, a la Secretaría de Transparencia, o a la Auditoría Superior del Estado.
Que no se pierda su imagen aceptable y su aprobación como gobernador.
ANEXO:
