Para entender el galimatías del caso Luis Guillermo Benítez Torres, ex presidente municipal de Mazatlán y ahora flamante secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Empecemos por lo más reciente.

Ayer miércoles, el llamado Químico Benítez, fue designado secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya, escribió en un twitter que lo invitó “para contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán”

En el Congreso del Estado se realizó una sesión extraordinaria, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó, por unanimidad, un dictamen para elegir como presidente municipal sustituto de Mazatlán a Edgar Augusto González Zatarain. Luego, el pleno lo aprobó con 38 votos a favor, de los 40 que conforman la 64 Legislatura; uno no asistió y otro propuso nombre diferente.

La designación de González Zatarain se produjo, porque el día 25 de octubre el Químico Benítez presentó ante el pleno del Cabildo Municipal su “renuncia lisa, llana, expresa, voluntaria e irrevocable al cargo de presidente Municipal Constitucional de Mazatlán”

La renuncia se determina en los términos que señala el Artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Los regidores del Cabildo autorizaron de forma unánime la renuncia de Benítez Torres.

Se entiende que el Químico Benítez renunció porque la Fiscalía del Estado de Sinaloa envió al Congreso local una solicitud de juicio político en contra del alcalde mazatleco por daño patrimonial al Ayuntamiento por 60.8 millones de pesos.

Esa solicitud se derivó de una denuncia penal que presentó la Auditoria Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía, al encontrar elementos suficientes por el mencionado daño patrimonial.

(El Artículo 114 de la Constitucion local menciona que: “el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”)

(Y agrega: “El cargo de presidente municipal… será obligatorio, pero no gratuito y sólo será renunciable por causa justificada a juicio del Ayuntamiento”)

Parece que hasta allí se entiende el caso.

Pero los detractores de Benítez Torres patalean porque recurren al Artículo 115 de la Constitución General de la República, en lo referente a los municipios que señala: “el cargo de presidente municipal es irrenunciable, y por tanto no pueden desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la función pública… sólo podrán separarse de sus cargos por las causas que ésta Constitución y ley local prevengan”

En consecuencia, la renuncia de Benítez Torres a la presidencia municipal de Mazatlán es justificada porque se encuentra ante una situación de juicio político por una denuncia penal. Y al renunciar a su cargo de elección, puede desempeñar otro cargo en la función pública.

Ahora, bien, los que quieren ver en la cárcel al Químico Benítez, no coman ansias. La Fiscal del Estado, Sara Bruna Quiñones ya informó que “no habrá carpetazo en la investigación contra el ahora ex alcalde mazatleco”. El proceso continua, porque, no es una denuncia ciudadana, sino son diez la que se presentaron en la FES, todas relacionadas con el presunto daño al erario por 60 millones de pesos, por la compra de lámparas.

El daño corresponde al pago anticipado de 2 mil 139 luminarias, lo cual se considera improcedente, porque no aportó elementos que justifiquen su adjudicación directa, incumpliendo con la normatividad aplicable, ya que debió realizarse mediante proceso de licitación pública.

Si el gobernador Rocha incorporó a Benítez a su gabinete, como secretario de Turismo, es para tenerlo vigilado, ya sea para amarrarle las manos, o quien les dice si a lo mejor para que no se les escape, en caso de que se encuentren elementos suficientes para dictarle orden de aprehensión y llevarlo a juicio penal.

En un año más sabremos el desenlace, o quizá antes.